La dura historia de Antonio Meño
El 3 de julio de 1989, cuando el joven tenía apenas 21 años, se sometió a una rinoplastia en la Clínica Nuestra Señora de América de Madrid. Durante la intervención sufrió una alteración cardíaca y quedó en coma vegetativo. En ese momento, su familia puso en marcha los trámites legales pertinentes para reclamar una indemnización.
Sin embargo, todos los organismos legales, desde la Audiencia de Madrid, en el año 2000, hasta el Tribunal Supremo, en el 2008, consideraron que no había habido negligencia y, en consecuencia, desestimaron el caso. Así, tras años de incesante lucha, los padres de Antonio agotaron tanto la vía civil como la penal y en 2009 el Tribunal Supremo les condenó a pagar 400.000 euros en costas. Una cuantía que la familia Meño no podía permitirse y por lo que se inciaron los trámites para el embargo de su casa. Afortunadamente, su abogado pudo detener este último trámite gracias a un incidente de nulidad.
La incesable lucha de su familia
En medio de esta vorágine de aparentes injusticias, los padres de Meño decidieron instalar un campamento en la plaza de Jacinto Benavente de Madrid, reclamando una salida digna para su hijo. Para sorpresa de todos, uno de los cirujanos que había participado en la intervención de Antonio Meño, el doctor Ignacio Frade, y que, supuesamente, desconocía la situación complicada en la que se encontraba la familia, se enteró gracias a esta acampada (que duró hasta 522 días) y se ofreció para declarar.
El 17 de noviembre de 2010, el Tribunal Supremo admitió la demanda de revisión presentada por la familia y anuló las sentencias dictadas anteriormente. En su declaración, Frade aseguró que el anestesista, Francisco González, no estuvo presente durante toda la operación, a pesar de que el paciente mostraba cierta inestabilidad cardíaca.
Las declaraciones de Frade fueron decisivas y en 2011 se iniciaron los primeros actos de conciliación. Finalmente, el 14 de julio ambas partes firmaron un pacto por el que la familia de Meño recibió una indemnización de 1.075.000 euros. Un acuerdo insuficiente para la madre de Antonio, que confesó sentirse como si hubiera "vendido a mi hijo" y que lamentó que no se hayan tomado medidas legales contra el anestesista.
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