El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado sentar en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, al considerar que su papel fue imprescindible para que su marido defraudase hasta 337.138 euros a Hacienda. Así se ha hecho público este mismo lunes en el auto de apertura del juicio oral del caso Nóos.
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Finalmente el juez Castro ha decidido no aplicar sobre la infanta la denominada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien si únicamente se le acusa quien ejerce la acción popular, en este caso Manos Limpias, que solicita ocho años de cárcel para la hermana del rey.
Castro apunta a que la infanta contribuyó como socia de Aizoon a que Urdangarin facturase a través de esta sociedad, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor.
Sólo unos minutos después de hacerse pública esta decisión, Casa Real ha expresado su respeto absoluto a la independencia del poder judicial.
Esta noticia mete en un serio problema al propio rey Felipe VI, que este 24 de diciembre tendrá que dar la cara ante los españoles en el que será su primer discurso de Navidad. Con sus palabras tendrá que hacer referencia a todo lo acontecido en el país, por lo que el hecho de que su hermana se siente en el banquillo rondará por su cabeza en todo momento.
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