La Audiencia de Palma ha decidido seguir manteniendo la imputación de la infanta Cristina por el doble delito de fraude discal, pero no por el blanqueo de capitales, dentro de la trama de caso Nóos. Si el juez decidiera aplicar la doctrina Botín, la infanta podría poner fin a su destino judicial, lo que permite al imputado no sentarse en el banquillo de los acusados cuando no hay denuncia popular o particular. La hermana del Rey, por tanto, mantiene la acusación por parte de la asociación Manos Limpias, librándose de las acusaciones de Hacienda, la Abogacia del Estado, y la Fiscalía.
El juez de la infanta celebra que esté libre de estas acusaciones, al tratarse de las más graves, pero discrepa "sorprendentemente" de la acusación por delitos de fraude fiscal que se le atribuyen a la hermana del Rey Felipe VI, cometidos supuestamente entre 2007 y 2008. Ni la Agencia Tributaria ni el Ministerio fiscal consideran que haya participación delictiva por su parte.
Al no existir recurso posible ante la Audiencia, solo queda esperar a que las acusaciones presenten por escrito las penas que piden para los imputados y que de esta forma el juez Castro dicte el auto de apertura del juicio oral.
¿Qué delitos se le imputan a Iñaki Urdangarín?
La infanta, por tanto, continua imputada junto a su marido por dos delitos de fraude fiscal según el artículo 305 del Código Penal, al que Hacienda atribuye fraude en el IRPF entre los años 2007 y 2008. El juez imputa a Urdangarín cinco delitos de prevaricación, cinco de malversación de caudales públicos, cinco de fraude a la administración y cinco de tráfico de influencias por los contratos que Nóos realizó con administraciones públicas. Urdangarín ha prestado declaración ante el juez en dos ocasiones y muchas de sus propiedades, entre las que se encuentra el palacete de Pedralbes están embargadas desde noviembre del pasado año por impago de la fianza de 6,1 millones de euros como condena eventual.
Por su parte, la infanta era imputada el pasado 7 de enero por fraude fiscal y blanqueo de capitales, delitos por los que la hermana del Rey Felipe VI prestó declaración durante 6 horas. La defensa de la infanta recurrió a la imputación del juez Castro, por considerar no haber cometido ningún delito de los que se le atribuyen.
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