Abusadores conocidos: Un patrón inquietante
Uno de los aspectos más inquietantes que revela este estudio es que ocho de cada diez casos de abuso sexual a menores son perpetrados por personas conocidas o familiares de las víctimas. Los datos también indican que, lamentablemente, solo aproximadamente el 15% de estos casos se denuncian, lo que sugiere que la magnitud del problema es aún mayor de lo que sugieren las cifras.
Los agresores, en un 40.6% de los casos, son familiares de la víctima, y en otro 42.3%, son conocidos, como amigos de la familia o profesionales que tienen contacto con la menor. Sorprendentemente, el 96% de los agresores no tienen antecedentes previos por violencia sexual, lo que hace que sea aún más difícil prevenir estos abusos.
El análisis también revela que la edad promedio de inicio de los abusos es de 11 años, señalando que la violencia sexual contra las niñas comienza a una edad temprana. Aunque en la mayoría de los casos hay una sola víctima, en algunos de ellos se han identificado hasta siete niñas afectadas.
En un aspecto particularmente preocupante, el estudio destaca que en el 3.8% de los casos, las víctimas tienen algún tipo de discapacidad, subrayando la vulnerabilidad de este grupo. Isabel Caballero, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, destaca que las niñas con discapacidad no son una excepción en esta triste realidad.
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Un proceso judicial lento y doloroso
Otro aspecto que requiere atención es la duración y la forma en que se llevan a cabo los juicios. El 24% de los casos analizados se prolongaron entre dos y tres años, y en muchos casos, superaron los 24 meses. Durante estos juicios, las niñas se ven obligadas a declarar múltiples veces, lo que conlleva un trauma adicional y dificulta el proceso de búsqueda de justicia.
Este proceso lento y revictimizante a menudo resulta en que las niñas se retraigan y que, finalmente, los casos se archiven debido a la falta de credibilidad. Esto, a su vez, lleva a la impunidad de los agresores y a la falta de cierre para las víctimas
A pesar de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) hace dos años, las organizaciones señalan que aún falta una implementación efectiva de medidas integrales en la justicia. Esto incluye la necesidad de recursos adecuados, evaluaciones de peritos psicólogos en condiciones apropiadas y la creación de juzgados y una Fiscalía especializados en casos de violencia infantil.
