El pleno municipal del Ayuntamiento de Valladolid acogió este lunes, en su primer punto del orden del día, el nombramiento de Ángela Bachiller Guerra como nueva concejala del Grupo Popular en sustitución de Jesús García Galván, que dimitió al iniciarse el proceso judicial del 'Caso Arroyo' en el que aparece como imputado.
El Comité Español Representante de Personas con Discapacidad (CERMI) aplaude esta decisión y recuerda que "esta situación, que hoy es la excepción y por eso llama la atención, debería ser un hecho cotidiano, si nuestro sistema de representación y participación políticas no excluyera todavía férreamente a las personas con discapacidad, sobre todo si presentan una discapacidad intelectual".
La entidad espera que el caso de Ángela Bachiller sea la "expresión de la avanzadilla" de un proceso de acceso y presencia de personas con discapacidad en la gestión de los asuntos públicos, que "tiene que intensificarse y acelerarse en los próximos años".
Sin embargo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad criticó que, mientras Bachiller asume esta responsabilidad política, "nuestra legislación electoral permite privar del derecho de sufragio a otras personas con discapacidad, que nuestro sistema, violando los derechos humanos, excluye de la participación política".
El CERMI exige la reforma urgente de la Ley Electoral para que ninguna persona con discapacidad se vea apartada del derecho al sufragio, "puerta de entrada a la participación política".
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