La carta, que ha sido firmada en cada uno de estos países por siete responsables sanitarios, entre ellos, los presidentes de las organizaciones médicas, ha sido enviada al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz y al presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.
En ella exponen que "los principios políticos europeos aprobados oficialmente exigen que todas las políticas públicas tengan en cuenta su impacto en la salud y que se estudien y se consideren seriamente opciones alternativas que minimicen los efectos negativos en la salud". "Esto no está ocurriendo en Grecia, Irlanda, Portugal y España", añaden.
Como muestra de ello, recuerdan los “serios efectos” que las decisiones económicas y financieras adoptadas en los últimos años están teniendo sobre la salud de los europeos y piden que se tomen las medidas pertinentes para frenar el deterioro del que la sanidad está siendo víctima. Entre dichos efectos han querido destacar algunos, como la “pérdida de autoestima y depresión, aumento de conductas de riesgo tanto en términos de adicciones como de factores de riesgo de enfermedades crónicas, o mayores obstáculos para el uso de los servicios sanitarios además del empeoramiento de las condiciones laborales para los profesionales sanitarios".
Asimismo, aseguran que "el deterioro de los sistemas de salud, así como la emigración de los más cualificados entre los jóvenes, el desempleo de larga duración y unas menores tasas de fertilidad probablemente tendrán consecuencias a largo plazo, lo que afectará a las generaciones futuras".
Los profesionales recuerdan que todo esto lleva consigo "un sufrimiento humano mayor y más profundo" así como "un incremento del número de situaciones que desafían nuestra ética y los principios básicos de dignidad humana".
Los representantes de los facultativos de estos cuatro países, los más afectados por la recesión, hacen, en definitiva, un llamamiento a todas las autoridades sanitarias, tanto nacionales como internacionales, para que asuman "los principios con los que ellos mismos se han comprometido, defendiendo la protección y la promoción de la salud dentro de la gobernanza europea y nacional".
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