Aunque se trata de una práctica prohibida, el sobreprecio de los productos dirigidos a mujeres está amparado por la oferta y la demanda. Hablamos de yogures light, cuchillas de afeitar rosas, cereales, productos de higiene íntima –tampones y compresas suponen un lastre económico que refuerza esta tasa discriminatoria aun siendo productos de primera necesidad– y otros muchos artículos cuyo packaging se diseña de forma engañosa. Y es que aunque son exactamente iguales que los productos de marca blanca o los de otros colores, pueden confundir al consumidor provocando que pague un precio más elevado.
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua) ha denunciado en varias ocasiones que la utilización de términos como women, lady y miss y el uso del color rosa tanto en los productos como en su empaquetado se la condición que hace que los artículos sean más caros no solo vulnera la Ley de Competencia desleal, también vulnera la Ley de Igualdad ya que se trata de una discriminación directa e indirecta por razones de sexo.
Con el objetivo de acabar con esta tasa rosa, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, hizo una propuesta, alegando en un comunicado que es "discriminatorio y repugnante para nuestros valores y le vamos a poner fin". Esta propuesta está enmarcada dentro de un paquete de medidas que Cuomo ha diseñado para 2020 y requerirá que ciertos negocios publiquen sus listas de precios que, si son desiguales, incurrirán en una multa.
Un 7 por ciento más por el #womantax
En un informe elaborado en el año 2015 por el Ayuntamiento de Nueva York, se reveló que e media las mujeres pagaban un 7% más del precio por productos similares a "los de los hombres", y un 13% más en los productos de cuidado personal. En los resultados globales, el estudio confirmaba que enle 42% de los casos los productos diseñados para mujeres eran más caros. En la práctica, esto se traduce en que las mujeres pagan alrededor de 1.400 dólares más a lo largo de su vida en comparación con los hombres. Sin duda, esto afecta a su renta disponible, más aún, teniendo en cuenta que, como resultado de la brecha salarial, las mujeres ingresan menos que los varones en el desempeño de puestos similares.
Esta práctica discriminatoria no es nada nuevo. Ya en 1994 la legisladora de California, Jackie Speire, presentó un proyecto de ley con el que prohibía la desigualdad de precios basada en el género. sin embargo, no tuvo una oposición fácil, ya que sus críticos se acogieron a que esa desigualdad ya estaba prohibida y recogida por la Ley de Derechos Civiles de 1964 y acusaron a la gobernadora de entorpecer el proceso de oferta y demanda. Tiempo después, como diputada en 2015, Speier propuso la aprobación del Pink Tax Repeal Act, una ley que pretendía de nuevo acabar con el impuesto rosa.
La asociación francesa Georgette Sand lucha desde 2014 por la abolición del impuesto rosa en productos de higiene íntima, juguetes, cuchillas y ropa. A través del hashtag #womantax, con el que causó gran repercusión en redes sociales, consiguió recoger casi 50.000 firmas para acabar con el fenómeno. Aun así, el sobreprecio persiste porque no se trata de una simple diferencia de precios, sino que es una desigualdad basada en estereotipos y en la presión social que sufren las mujeres a la hora de cuidarse y que de alguna manera las predispone a gastarse más dinero que los hombres en este tipo de productos.
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