Un cambio en el reparto de subvenciones de la Junta de Andalucía ha dejado sin financiación en su resolución definitiva a 241 proyectos colectivos de mujeres y ONGs. El Gobierno andaluz ha dado como motivo que la Intervención General ha cambiado su criterio. Así, si el pasado mes de octubre la previsión provisional de la Junta aprobó las ayudas a 317 proyectos, a finales de este año solo se decretó la financiación para 76.
La Junta de Andalucía, en coalición de PP y Ciudadanos, ha suprimido las ayudas que hasta ahora facilitaba a 241 ONG para combatir la violencia y para frenar la trata de migrantes. La justificación que ha dado el Gobierno andaluz es que ha cambiado el criterio de la Intervención General, el órgano que fiscaliza el gasto del Ejecutivo de la autonomía. Así, el pasado mes de diciembre, se decidió que los proyectos con mejor puntuación deben recibir el 100% del dinero solicitado por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), por lo que los grandes planes han acaparado el total del reparto de fondos públicos desplazando a numerosas ONG. Finalmente, 2 millones de euros han sido destinados a la promoción de la igualdad, 500.000 euros a la erradicación de la violencia de género y otros 2 millones a la atención de mujeres en riesgo de exclusión.
Como resultado de este informe desfavorable, decenas de asociaciones de mujeres se han quedado sin subvención para llevar a cabo sus proyectos y, consecuentemente, las mujeres más vulnerables –mujeres en riesgo de exclusión social, presas, migrantes o víctimas de explotación social– quedan desprotegidas. Así, provincias como Córdoba, Almería y Huelva no obtendrán ninguna financiación para proyectos de promoción de igualdad o para la realización de actividades contra la violencia de género. Algunas de estas asociaciones son la Federación de Asociaciones de Mujeres con Discapacidad FADIMSA (Huelva), Amuvi, o las ONGs Mujeres en zona de conflicto o Médicos del Mundo.
Uno de los ejemplos más graves es el de la Federación Andaluza de Mujeres con Discapacidad, que cada año atiende a alrededor de 1.600 mujeres en ocho provincias andaluzas. Después de este cambio dejará de recibir los 32.000 euros que hasta ahora percibía. Rocío Pérez, presidenta de la Federación, cree que “Es demasiada casualidad que la Junta achaque a un problema técnico justo lo que les pide Vox que hagan”.
Y es que en el pasado mes de julio, Vox, que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía, solicitó que se redujese y fiscalizase el IAM. A pesar de que es precisamente eso lo que ha ocurrido, la Consejería de Igualdad, de Ciudadanos, ha negado que la decisión haya sido motivada por las presiones de Vox.
Valentín Márquez, coordinador de proyectos de inclusión social de Médicos del Mundo –que desde 1993 lleva a cabo en Andalucía un proyecto para prevenir la violencia machista y la trata de mujeres y para facilitar la cobertura sanitaria a mujeres extranjeras–, explica que “la Consejería de Salud (PP) tenía subvenciones para la prostitución y el VIH que tampoco ha sacado y el Ayuntamiento de Sevilla (PSOE) ha bloqueado la suya contra la prostitución”.
Laura Fernández, directora del IAM, explica que entiende “el enfado de las ONG, pero no me queda otro remedio que cumplir la ley. Y añade: “El IAM ha luchado, pero la Intervención General no opina, impone. Ahora trabajaremos con las asociaciones para estudiar cada situación”.
Como respuesta ante la medida, el portavoz socialista, José Fiscal, ha pedido que Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, comparezca en el parlamento. La oposición teme que esta sea “una concesión más a la ultraderecha que mantiene a la Junta”.
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