En septiembre de 2018 Itziar Prats perdió a sus hijas, Martina y Nerea, de 2 y 6 años. Fueron asesinadas a manos de su exmarido, Ricardo Carrascosa, que después del crimen se tiró por la ventana. Ocurrió después de que él la amenazara con arrebatarle lo que más quería y así lo hizo. Prats sabía que Carrascosa era una amenaza para sus hijas, por lo que pidió ayuda al Estado y las Instituciones, pero ni policía, ni jueces, ni fiscalía intervinieron. Y, de hecho, la jueza dictó en el auto que Prats no alegaba "una explicación razonable del miedo que dice sentir". "Pedí socorro y no recibí ayuda", decía Itziar en una carta que escribió a las pocas semanas de los asesinatos. Desde entonces inició una lucha por los demás, por los más vulnerables: los niños.
Ahora, Fernández Marugán, el Defensor del Pueblo, solicita al Ministerio de Interior, más concretamente a la Secretaría de Estado de Seguridad, que se diseñe un plan específico para los menores, un sistema de seguimiento integral separado del sistema de protección de las mujeres. Solicita que este nuevo plan integre a todas las administraciones, desde la policía a los servicios sociales de las comunidades autónomas o los ayuntamientos y, además, que se revisen los regímenes de custodia.
En su carta, Marugán se dirige directamente a Prats y escribe: "Gracias a testimonios como el tuyo hoy somos más conscientes de la gravedad del problema y de la necesidad de buscar soluciones que permitan una mejor y mayor protección de estos niños y niñas que conviven en entornos de violencia". Se pretende que este plan específico contemple los riesgos concretos a los que los menores están sometidos. Se trata de violencia vicaria, ejercida en los casos en los que los hijos son utilizados como instrumentos con el único objetivo de dañar a la madre.
Ya en marzo de 2019, seis meses después de que Itziar Prats perdiera a sus hijas, el Ministerio de Interior decidió incluir preguntas específicas relacionadas con los hijos de las víctimas de violencia machista en los protocolos oficiales.
Revisar el régimen de custodia y visitas
Además de el caso de Martina y Nerea, Fernández Marugán ha tenido en cuenta el caso de Cristian, un niño de once años asesinado en julio de 2019 en Beniel, Murcia, a manos de su padre, David Sánchez. A pesar de que tenía un orden de alejamiento de la madre, Laura Hernández, seguía teniendo derecho a ver a Cristian. La Guardia Civil había decretado que el riesgo era medio pero, finalmente, el 25 de julio Cristian no pudo volver con su madre.
Aunque se había aplicado el protocolo de valoración de riesgo de los menores, las administraciones competentes alegan que "desgraciadamente no fue materialmente posible protegerle mientras se encontraba con su padre, dado que el régimen de visitas no había sido suspendido".
El Defensor del Pueblo lamenta y considera preocupante que la norma general en casos de violencia machista sea el de mantenimiento de las comunicaciones y del contacto entre el agresor y sus hijos. Por eso el organismo solicita que cuando se establezcan medidas de alejamiento, salida de domicilio o suspensión de la comunicación con la madre, esto sea comunicado de inmediato al juzgado que lleve el proceso de separación o divorcio para que se tomen las medidas necesarias en cuanto al régimen de visitas. Además, solicita que los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) elaboren un informe obligatorio en caso de que detecten cualquier anomalía o riesgo para los menores.
Por último, Marugán propone modificaciones en la tramitación de los casos y la atención de las víctimas que logren acabar con la doble victimización de las mujeres, que en muchos casos tienen que pasar por numerosos protocolos consecuencia de la diversificación de administraciones y oficinas. "Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es la dispersión de los servicios y los recursos que se ofrecen a las víctimas y la falta de coordinación", lamenta.
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