Decenas de familias españolas, que han recurrido en el extranjero a la técnica de gestación subrogada, conocida como vientre de alquiler, en países dónde es legal, están atrapadas desde hace cuatro meses en un gran embrollo legal que mantiene a sus bebés recién nacidos sin padres oficiales en España y sin ningún derecho como ciudadanos españoles, según la asociación que les representa. Tras una sentencia del Tribunal Supremo en febrero, los consulados dejaban de inscribir a sus hijos en el Registro Civil, lo que les priva de la nacionalidad española y los derechos que comporta. Los afectados confían que una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha condenado a Francia por una situación similar, les abra una puerta. El Gobierno admite que esa sentencia vincula a España y está estudiando fórmulas legales para aplicarla.
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El Ministerio de Justicia se había comprometido antes del pronunciamiento de Estrasburgo a intentar resolver la situación de estas familias con una modificación legal que facilitase el registro de los bebés, al menos de los nacidos en Estados Unidos, donde la técnica de gestación subrogada es legal y supervisada judicialmente. El Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas un anteproyecto de ley en el que aparentemente se daba un paso en ese sentido. Pero las familias afectadas sostienen que ese paso es insuficiente. El dilema que se plantea es: si es ilegal en España pero se realiza en países en los que es legal, ¿cómo registrar después a esos niños en España para que tengan derechos como españoles?
La Asociación Son Nuestros Hijos ha recogido 73.000 firmas de apoyo para que se cambie la ley de febrero y que los afectados puedan inscribir a sus niños. Juan Bravo, subsecretario de Justicia, admite que ahora hay que tener en cuenta la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos que el 26 de junio condenó a Francia por no reconocer la paternidad de parejas francesas con niños nacidos en Estados Unidos de vientre de alquiler. La argumentación de Estrasburgo es que los derechos del menor están por encima del respeto al orden público legal, la opuesta a la que hace el Supremo. “Estamos obligados a introducir modificaciones legales para ajustar nuestro ordenamiento jurídico a la interpretación de Estrasburgo, y lo haremos”, dice Bravo.
Iago nació el pasado 28 de abril en un hospital de Chicago. Jorge Hierro y Alberto Murcia contrataron a una mujer llamada Michelle como vientre de alquiler. Ahora su hijo oficialmente es un ciudadano estadounidense y no español, y Jorge y Alberto no son legalmente sus padres, al menos en España. Iago no tiene ni DNI, ni libro de familia ni ningún derecho como español. "Nos han dado una tarjeta sanitaria provisional pero vence en un mes. El Supremo nos da la opción de iniciar un procedimiento de adopción, pero no vamos a adoptar a nuestro propio hijo", explican. Las familias en esta situación confían en que la sentencia de Estrasburgo salga adelante.
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