Esta ley ha sido aprobada por Asa Hutchinson, el gobernador del estado de Arkansas, quien ha dado luz verde a la medida que prohíbe a una mujer abortar durante el segundo trimestre de embarazo. A partir del momento en que esta nueva ley entre en vigor, el marido de una mujer embarazada tendrá el poder de evitar el aborto en caso de que ella lo solicite. Podrá además denunciarlo y pararlo hasta en casos de violación: incluso si él ha sido el autor de la agresión. Esta ley contra el aborto, aprobada por la mayoría republicana, se convierte así en una de las más restrictivas de Estados Unidos.
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La polémica iniciativa ha sido bautizada por los republicanos como Ley de protección de niños no nacidos de actos de abortos de desmembramiento. El objetivo ha sido evitar que se lleve a cabo en los centros médicos el procedimiento D&E (dilatación y evacuación), considerado uno de los más seguros para la mujer en las intervenciones para practicar el aborto durante el segundo trimestre de embarazo, según la Asociación Médica Estadounidense.
Este procedimiento médico se castigará a partir de ahora con una multa de 10.000 dólares o seis años de prisión. El marido de la mujer que solicite el aborto podrá denunciar al médico e incluso reclamarle una compensación económica. En el caso de ser el propio marido el agresor sexual no podrá reclamar una cuantía, pero sí podrá paralizar el aborto (sí, repetimos: aunque haya sido él el violador). Si se trata de una menor de edad, su marido, padres o tutores legales también tendrán autoridad para detener el procedimiento.
Una ley que atenta contra la salud reproductiva de las mujeres y que resulta aberrante porque arrebata a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo otorgándoselo al violador.
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