El pasado 8 de enero entró en vigor la nueva Ley sanitaria de donación de óvulos y espermatozoides en la que se regula la realización de actividades de promoción y publicidad de la donación de células y tejidos humanos así como de la captación de donantes, que deben tener una autorización administrativa para esta labor.
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Con esta nueva regulación se pretende evitar que la promoción de la donación se enfrente a los principios de salud pública por lo que se establece que las campañas de captación de donantes deberán ajustarse a los principios de voluntariedad, altruismo y desinterés, haciendo hincapié en que ninguna persona o empresa deberá solicitar ni recibir ningún tipo de contraprestación económica. Sin embargo, existe un consenso aprobado por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida que permite que la compensanción económica a los donantes por los gastos que puede suponer la donación.
Expertos en el ámbito, como es la Clínica Tambre, opinan que con la nueva regulación se evitará el abuso y la posibilidad de comercialización de una técnica médica. Además de afirmar su agrado con la nueva regulación ya que tal y como afirma su portavoz: "Afortunadamente, estamos cada vez más lejos de la mentalidad anglosajona, ya que esta disposición hace hincapié en lo que ya se pronunciaba en la Ley de Reproducción Asistida de 2006: el anonimato de la donación y la elección del donante por parte del equipo médico".
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Por su parte, en el modelo americano sí que está permitida la elección "a la carta" de los donantes. Por lo que por esta razón, la donación de óvulos y espermas en nuestro país reflejan un ejemplo de desinterés y un signo de valor hacia la voluntariedad y el altruismo para todos aquellos que participen en estas técnicas de reproducción asistida.
